La posibilidad del ascenso al gobierno de Jose Antonio Kast genera tensiones en el panorama político chileno, no solo amenazando con estancar el debate de género, sino que sembrando la posibilidad de un retroceso real en derechos sexuales y reproductivos ya conquistados, como la Ley de Aborto en Tres Causales y el acceso a la anticoncepción.

La sombra de lo que fue el derogamiento de la ley Roe vs. Wade en Estados Unidos, devolviendo la autonomía a cada estado las facultades para decidir su postura al respecto de una materia de salud pública, marcó un precedente histórico en el escenario actual en  la lucha por la autonomía corporal de las mujeres. 

Es así a medida que se acerca la etapa final de las elecciones presidenciales en Chile, que una pregunta llena de tensión y miedo los espacios de discusión en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de la mujer se trata,  ¿Si es elegido Jose Antonio Kast, que ocurrirá con la agenda de la mujer en Chile?.

La Amenaza Institucional y el Espejo de Roe vs. Wade

La agenda del candidato del Partido Republicano, definida valoricamente en parte por su oposición al aborto en todas sus formas y a la anticoncepción, esto, en defensa a la vida desde la fecundacion, es lo que preocupa en cuanto a la anulación o debilitamiento de conquistas legales vigentes, como la Ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales y al acceso a la anticoncepción.

Desde Miles Chile, Luz Reidel, Abogada y Subdirectora de Incidencia, explica que, “uno tendería a pensar que, con las condiciones institucionales que tenemos en Chile y en el mundo en general, cuando los derechos están debidamente resguardados en el ámbito legal o incluso en el ámbito constitucional, no debiera depender del gobierno de turno de una manera tan profunda que se garantice o que se lleven a cabo estos derechos”.

Sin embargo, Reidel añade que este análisis formal debe situarse en el contexto internacional, donde la evidencia demuestra que cierto tipo de liderazgo ligado al ultraconservadurismo sí logra “hacer cambios que no necesariamente son formales e institucionales, pero que sí tienen un impacto relevante en la vida de las personas”.

El caso más paradigmático de esta “captura institucional” es la reversión del fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos, cuando en junio de 2022, la Corte Suprema estadounidense revocó la sentencia de 1973 que había establecido el derecho federal al aborto, devolviendo la potestad regulatoria a cada estado.Demostrando cómo la influencia de la ultraderecha en el poder judicial, puede culminar en la eliminación de un derecho constitucional de larga data.

La Subdirectora de Incidencia en Corporación Miles no duda en trazar el paralelismo, aludiendo a Roe vs. Wade como el “caso emblema” de lo que ocurre cuando la agenda ultraconservadora logra influir en el poder institucional.

Es así que además se refiere a las principales barreras sociales, institucionales y  culturales que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos reproductivos a día de hoy en Chile.

Lo Legal, Lo Administrativo

En Chile, el retroceso en la agenda de la mujer no necesariamente se manifestará a través de una anulación constitucional inmediata, para el sociólogo Rubén Pino de la Universidad de Chile, con experiencia en Estudios y Evaluaciones Sociales, los mecanismos más probables operarán a nivel administrativo y presupuestario, debilitando la leyes existentes desde su aplicación.

“Si pensamos en leyes, por ejemplo, las tres causales es un escenario que requiere más negociación si es que quisieran hacer cambios. Pero cuando se pasa a los programas que en el fondo son los que más se implementan a nivel de ministerios, la historia es otra. Los programas están en la ley de presupuesto, pero el gobierno puede sacarlos con menores trabas administrativas” explica Pino.

En esta línea el sociólogo señala que desde su experiencia en el diseño y evaluación de políticas públicas, la ultraderecha no necesita una mayoría calificada para paralizar o desincentivar la aplicación de un derecho. Los mecanismos concretos de un gobierno con agenda contraria a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer pueden comenzar con recortes estratégicos de fondos asignados a programas de Salud Sexual y Reproductiva dentro del Ministerio de Salud.

Concuerda con esto, Luz Reidel, quién ejemplifica de la siguiente manera:

Además al ser consultado en cuanto a la vulnerabilidad de estas políticas a interpretaciones normativas que puedan afectar su aplicación, Pino respondió lo siguiente.

Otras iniciativas que quedarían en este “limbo” incluyen 5 proyectos de ley asociados a la línea de la salud sexual y reproductiva, que aún están en proceso de discusión.

Un escenario posible

La socióloga Carolina Duque, Analista de Estudios en la UDD, al ser consultada sobre qué cambios observa hoy en las opiniones, miedos o creencias de la ciudadanía respecto de los derechos sexuales y reproductivos, y cómo estos pueden abrir espacio para retrocesos, Duque reafirma que la retórica conservadora se ha infiltrado de manera sutil en la sociedad, especialmente en lo relativo a la anticoncepción y la libertad reproductiva.

“Hábilmente no se ha tocado mucho ese tema, hábilmente. Porque es parte de la agenda “valórica” de la ultraderecha, del fascismo, de este conservadurismo. Si tú ves que el candidato no se ha querido referir, dice que no va a sacar los métodos anticonceptivos ni la píldora de emergencia… yo no lo podría creer porque eso es parte de su agenda valórica.”

Duque advierte que, detrás del silencio estratégico, existe un plan para debilitar los derechos esenciales a través del control presupuestario y la redefinición de valores sociales. Sobre el tema de la anticoncepción en particular, y su financiación pública, señala:

En términos de anticoncepción, el “Séptimo informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile” de Miles Chile determinó que existe una necesidad crítica de mejorar las consejerías en salud sexual y reproductiva. Indicando además un interés por parte de las usuarias por acceder a este método, esto ilustrado en el hecho de que dentro de la muestra a analizar un 89,2% optaba por comprar las pastillas en farmacias- y no por recibirlas en un consultorio- siendo de ese fragmento un 51% de ellas pertenecientes a FONASA.