El proyecto, que ingresó en 2018 a la Cámara de Diputados y busca que estudiantes de parvularia, básica y media no utilicen sus dispositivos móviles en clases, entraría en vigencia al principio del año escolar 2026. Asimismo, existen posturas contrarias sobre esta prohibición.

La discusión sobre el uso de celulares en las salas de clases vivió un nuevo acontecimiento el pasado miércoles 19 de noviembre, luego de que el Senado ratificara la prohibición de estos dispositivos durante la jornada escolar. La iniciativa, que lleva más de seis años de tramitación, establece que los estudiantes de parvularia, básica y media no podrán utilizar sus teléfonos en clases y fijaría su entrada en vigencia para el comienzo del año escolar 2026. Esta situación que no quedó al margen de la polémica, puesto que existen posturas contrarias y aprehensiones sobre la ley.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, mencionó que esta medida es “tremendamente positiva. Nosotros, desde la Comisión de Educación del Senado, donde habían proyectos que iban en la misma línea, lo que hicimos es tomar estas iniciativas que venían refundidas para poder acelerar el trámite legislativo”.

“Toda la evidencia científica nos ha mostrado claramente el daño que produce tanto a nivel cerebral, de salud y de relaciones interpersonales, que provocan finalmente el uso excesivo de las pantallas en los menores de edad”, siguió.

“Por eso es que era importante ponernos a tono también con otras legislaciones que existen a nivel internacional para poder recuperar los establecimientos educacionales y tenerlos libres, finalmente, de la utilización de los aparatos tecnológicos”, complementó.

Las aprehensiones con la Ley

Sin embargo, la diputada Karen Medina, mencionó que está a favor de la ley, pero no del todo. “Yo estoy de acuerdo con la iniciativa, pero me preocupa de qué manera se va a implementar, cómo va a ser su reglamento y que esto venga a darle exceso de responsabilidad a los docentes y a los asistentes de la educación”, dijo la diputada.

“Hoy en día tenemos problemas con el exceso de carga laboral. Ellos constantemente nos están reclamando un poco eso y que hoy día tengan que entrar a controlar que los alumnos no usen el celular, porque sabemos que esto va a ser de esa manera, van a tratar de llevarlo a escondidos, de hecho los mismos padres reclaman a veces en contra de esta norma, por ende, esa parte me preocupa”, añadió.

Angélica Beltrán, educadora diferencial, se ha mostrado contraria a este proyecto de ley, aludiendo a que incluso el hecho de prohibir los celulares a los estudiantes, podría aumentar una brecha social. “Es agrandar la brecha. Yo siento que esta medida tiene un tema de control social sobre los jóvenes por la violencia que se vive en los establecimientos y por las organizaciones que hay“.

Asimismo, considera que el prohibir los celulares genera que “no desarrollamos las habilidades del siglo XXI, que tiene que ver con el pensamiento crítico, que tiene que ver principalmente con las habilidades socioemocionales, con la digitalización, utilizar la inteligencia artificial y acá es donde está la clave. Lo que nos pide la agenda 2030 y las habilidades es trabajar la responsabilidad, la empatía, el juicio y discernir qué es lo que es importante y lo que no”, destacó.

¿Qué resta para que el proyecto que prohíbe los celulares en las aulas sea ley?

Actualmente, solo resta que el proyecto de ley pase por el tercer trámite de la cámara baja. Sin embargo, la misma diputada Medina, no sabe cuándo podría entrar en vigencia, puesto que hay proyectos con más urgencia. “Nosotros hoy día estamos viendo la modificación a la ley 21.040, que es de los traspasos a los servicios locales. Eso tiene urgencia y nos está tomando harto tiempo, por lo tanto, todo lo que nos queda de noviembre probablemente sea ese proyecto la prioridad y esto lo entraríamos a ver en diciembre“.

Asimismo, la diputada recalca que en este proceso podrían sacarlo en diciembre, siempre y cuando vuelva directamente a la sala. Aún así, “después falta el plazo del reglamento. Ninguna ley puede funcionar sin reglamento, por ende eso pudiera ser enero o febrero y tendrían que sacarlo en tiempo récord para que entrara en vigencia en marzo y promulgar la ley”.

Según lo mencionado en el Senado, esta ley entraría en vigencia a principio del año escolar 2026 y se establece que en marzo de 2030, el Ministerio de Educación presentará a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado los resultados de una evaluación respecto a la implementación, incluyendo información sobre convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y brechas de acceso digital.